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Por Hugo Maguey
En México, la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa ha suscitado preocupación entre organismos internacionales y defensores de derechos humanos. Esta medida, que implica la detención automática de personas acusadas de ciertos delitos sin una evaluación judicial previa, ha sido señalada como una posible herramienta de represión política y una violación al principio de presunción de inocencia.
¿Qué es la prisión preventiva oficiosa?
La prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar que ordena la detención automática de una persona acusada de determinados delitos, sin que el juez evalúe las circunstancias particulares del caso. Esta figura está contemplada en el artículo 19 de la Constitución mexicana y se aplica a delitos considerados graves, como homicidio, secuestro y delincuencia organizada. Sin embargo, recientes reformas han ampliado este catálogo para incluir delitos como la extorsión y aquellos relacionados con el fentanilo.
Instrumento de represión política
La aplicación indiscriminada de la prisión preventiva oficiosa puede convertirse en un mecanismo de persecución política. Al no requerir una evaluación judicial previa, esta medida permite que opositores políticos, periodistas y activistas sean encarcelados sin pruebas contundentes, vulnerando sus derechos y limitando la libertad de expresión. Organismos internacionales han advertido que esta práctica puede ser utilizada para silenciar voces críticas y disidentes.
Personas en prisión sin sentencia en México
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2023, el 37.3% de las personas privadas de la libertad en México no contaban con una sentencia. De estas, el 44.3% estaban en prisión preventiva oficiosa, lo que representa aproximadamente 38,533 personas.
Esta situación refleja una sobrepoblación en los centros penitenciarios y una posible violación al derecho a un juicio justo y expedito.
Reacciones internacionales
La ampliación de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa ha sido criticada por organismos internacionales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que esta práctica es contraria a las garantías internacionales y ha instado a México a eliminarla. Sin embargo, el Senado mexicano ha avanzado en reformas que contradicen estas recomendaciones, ampliando el uso de esta medida.
La prisión preventiva oficiosa, en su aplicación actual, representa un desafío significativo para los derechos humanos en México. Su uso indiscriminado no solo afecta la presunción de inocencia, sino que también puede ser usada para fines políticos, socavando la democracia y el estado de derecho. Es imperativo que las autoridades revisen esta figura y adopten medidas que garanticen el respeto a los derechos fundamentales de todas las personas.
