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Por Hugo Maguey
Durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), el gobierno de México anunció con gran expectativa la construcción de la Refinería Bicentenario en Tula, Hidalgo. Este ambicioso proyecto, planteado como una solución para reducir la dependencia del país de las importaciones de combustibles, se convirtió en un símbolo de promesas incumplidas. A más de una década de su anuncio, los terrenos donde se proyectó construir la refinería permanecen inutilizados, y los recursos públicos invertidos en el proyecto se han traducido en una carga económica sin resultados tangibles.
En 2010, el gobierno de Calderón adquirió terrenos por aproximadamente 620 millones de dólares, expropiando principalmente ejidos en la región. A pesar de esta inversión, los avances de la obra se limitaron a movimientos de tierra y estudios técnicos, sin que se colocara una sola piedra para la refinería. Los habitantes de la zona vieron cómo las promesas de desarrollo económico se desvanecían, mientras los terrenos adquiridos por el Estado quedaban como un recordatorio de lo que pudo haber sido.
Con la llegada de Enrique Peña Nieto a la presidencia en 2012, el proyecto fue oficialmente cancelado. La administración de Peña Nieto justificó esta decisión argumentando que era más rentable modernizar las refinerías existentes que construir una nueva. Sin embargo, no se presentó un análisis técnico o financiero detallado que respaldara esta postura, dejando dudas sobre la gestión del proyecto desde su inicio.
¿Corrupción o negligencia?
El caso de la Refinería Bicentenario plantea serias preguntas sobre el manejo de los recursos públicos. Diversos especialistas y observadores han señalado que podrían existir elementos que configuren corrupción o negligencia administrativa. Entre los puntos más cuestionables se encuentran:
- Adquisición de terrenos a precios inflados: Existe la posibilidad de que particulares o empresas hayan sido beneficiados de manera irregular en el proceso de compra de tierras.
- Gasto injustificado en estudios y preparación del terreno: A pesar de las inversiones millonarias, no se realizó ninguna obra funcional en el sitio.
- Negligencia administrativa: La cancelación del proyecto sin justificación técnica suficiente pudo haber respondido a intereses políticos o privados, en lugar de al interés público.
Aunque la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha señalado irregularidades en sus informes, hasta el momento no se han judicializado las responsabilidades derivadas de este proyecto.
¿Puede denunciarse?
El caso de la Refinería Bicentenario podría ser denunciado como un posible caso de peculado o mal manejo de recursos públicos. Para ello, sería necesario que ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, legisladores o incluso autoridades internas presenten una denuncia formal con base en la documentación existente.
Las autoridades responsables
De investigarse el caso, las principales instancias competentes serían:
- Auditoría Superior de la Federación (ASF): Ya ha documentado irregularidades en informes previos y podría ampliar su análisis.
- Fiscalía General de la República (FGR): A través de su Unidad de Combate a la Corrupción, podría investigar los posibles delitos relacionados con el caso.
- Secretaría de la Función Pública (SFP): Responsable de identificar responsabilidades administrativas.
¿Cómo proceder?
Un proceso para esclarecer el destino de los recursos públicos invertidos en este proyecto podría incluir:
- Recabar pruebas: Analizar los informes de la ASF, contratos realizados, y la documentación de la adquisición de terrenos.
- Presentar una denuncia formal: Ante la FGR o la SFP, sustentada con un análisis de las irregularidades detectadas.
- Exigir transparencia: A través de la presión de la sociedad civil y los medios de comunicación, para garantizar un seguimiento adecuado.
Un símbolo de promesas incumplidas
El caso de la Refinería Bicentenario se ha convertido en un ejemplo emblemático de proyectos millonarios que no cumplen sus objetivos, generando dudas sobre la gestión de recursos públicos en México. Si bien aún no se han fincado responsabilidades legales, el tema sigue siendo un recordatorio de la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de los recursos del Estado.
