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Diputados y senadores de Morena, que anteriormente se opusieron a la militarización por considerarla violatoria de derechos humanos, hoy respaldan que la Guardia Nacional esté bajo control total del Ejército. Ricardo Monreal, coordinador de la bancada, Mario Delgado, aún líder del partido, y otros legisladores guindas, quienes anteriormente habían advertido sobre los peligros de militarizar la seguridad pública, ahora promueven una reforma que será discutida este jueves, con la cual la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) asumiría el mando de la Guardia Nacional.
Monreal, quien antes de que Morena llegara al poder se mostraba en contra del uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, ahora asegura que son “indispensables para lograr la estabilidad social”. Sin embargo, en diciembre de 2017, criticó abiertamente la estrategia de militarización vigente durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y llamó a explorar otras vías de pacificación.
En un giro de su postura, Monreal defendió en 2019 que la Guardia Nacional tendría un carácter civil, destacando que el Senado había modificado el 70% de la ley para garantizarlo. No obstante, la reforma actual impulsa la integración de esta fuerza a las instituciones armadas permanentes del país, eliminando la separación entre fuerzas militares y civiles en materia de seguridad pública.
Otros miembros de Morena, como Mario Delgado y Citlalli Hernández, también mostraron fuertes posturas contrarias a la militarización en el pasado. Delgado, por ejemplo, criticó en su momento la Ley de Seguridad Interior de Peña Nieto y abogó por un enfoque distinto en seguridad. Hernández, por su parte, era abiertamente crítica del uso del Ejército en las calles durante el gobierno de Felipe Calderón.
Con la nueva reforma, que modifica 12 artículos constitucionales, entre ellos el artículo 21, se propone que la Guardia Nacional se convierta en una de las cuatro instituciones armadas permanentes del país, junto con el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Organizaciones de derechos humanos y expertos en seguridad, como el Centro ProDH y la directora de Intersecta, Estefanía Vela, advierten que esta reforma es un paso definitivo hacia la militarización de la seguridad pública en México, sin los controles civiles necesarios para evitar abusos de poder.
