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Por Hugo Maguey
La contratación de Polymarchs por un total de 12 millones de pesos para un espectáculo en eventos de fin de año ha generado fuertes cuestionamientos por su implicación en un posible conflicto de interés. El beneficiario del contrato es padre de la secretaria de comunicación social federal, lo que levanta dudas sobre la transparencia e imparcialidad del proceso.
¿Qué es un conflicto de interés y por qué importa?
De acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, un conflicto de interés surge cuando los intereses personales o familiares de un funcionario público pueden comprometer su desempeño imparcial. Específicamente, el artículo 3, fracción VI, define esta situación como la posible afectación en la objetividad de sus funciones debido a vínculos personales. Además, el artículo 58 obliga a los servidores públicos a declarar cualquier relación que pueda interferir en sus decisiones.
En este caso, la relación familiar directa entre la secretaria y el beneficiario del contrato plantea un escenario donde el favoritismo es una posibilidad real, especialmente si no existió una licitación pública o una evaluación justa frente a otras propuestas.
La falta de transparencia enciende alarmas
Hasta ahora, no se han dado a conocer detalles del proceso de contratación:
- ¿Hubo licitación pública?
- ¿Qué criterios se tomaron en cuenta para asignar el contrato?
- ¿Se evaluaron otras opciones con costos o propuestas diferentes?
Sin respuestas claras, el caso alimenta la percepción de que se favoreció a un proveedor vinculado a un funcionario público de alto nivel, algo que está explícitamente prohibido por la ley, sin que importe que la funcionaria en cuestión sea de la administración Federal, y el evento sea organizado por la Estatal.
Lo que debería pasar
Este caso debería ser revisado por las autoridades correspondientes, como la Secretaría de la Función Pública, para determinar si se cumplió con los principios de imparcialidad, legalidad y eficiencia en el manejo de los recursos públicos. De confirmarse irregularidades, podría haber sanciones administrativas e incluso penales.
El uso de recursos públicos exige transparencia, especialmente en contrataciones como ásta. Si bien el espectáculo de Polymarchs es reconocido por su calidad, la falta de claridad en el proceso y el vínculo familiar del beneficiario ponen en jaque la credibilidad del gobierno y reabren el debate sobre la necesidad de combatir el conflicto de interés en México.
