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Por Hugo Maguey
El 27 de febrero de 2025, el gobierno mexicano anunció la entrega de 29 líderes del narcotráfico a Estados Unidos, entre ellos Rafael Caro Quintero, los hermanos Treviño Morales (líderes de Los Zetas) y José Ángel Canobbio Inzunza, alias “El Güero”, asociado a “Los Chapitos”. Inicialmente, se informó que habían sido extraditados.
Inmediatamente, surgieron reacciones en redes sociales como X (antes Twitter), Facebook y TikTok. Destacaron cuentas vinculadas a la propaganda institucional de la 4T, como “La Catrina Norteña”, quien publicó en X:
“Llega Caro Quintero a Nueva York en avión de la Armada de México, gran madruguete de la 4T a Norma Piña y su pandilla que estaban por liberarlo para facturar y para crear una gran crisis con Estados Unidos. Ahora sí se merecen el juicio político.”
Lo que ocurrió después siguió un patrón que se ha repetido en otras crisis de comunicación del gobierno. Primero, la narrativa se construyó en redes sociales con el apoyo de influencers y supuestos periodistas alineados con el régimen, quienes de manera coordinada difundieron la idea de que la entrega de los capos fue un golpe contra la corrupción judicial y que el gobierno se había adelantado a jueces que pretendían liberarlos. Es altamente probable que esta línea haya sido dictada desde alguna oficina de comunicación gubernamental para que se esparciera de manera efectiva en redes. Luego, la presidenta Claudia Sheinbaum reforzó el mensaje en su conferencia matutina con su declaración sobre la corrupción en el Poder Judicial, y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, le dio credibilidad al afirmar que había información sobre acuerdos de jueces con los capos. Sin embargo, la estrategia colapsó cuando el fiscal Alejandro Gertz Manero se desmarcó de la versión y afirmó que la entrega se realizó por motivos de seguridad nacional y bajo los protocolos del Tratado de Palermo. Más tarde, el gobierno de Estados Unidos confirmó que la entrega se realizó a petición suya, y finalmente, el 4 de marzo, la propia Sheinbaum contradijo su postura original al leer un comunicado en el que reconoció que los criminales fueron entregados por solicitud de Estados Unidos, echando abajo la versión de la corrupción judicial.
Al día siguiente, durante su conferencia matutina, Sheinbaum evitó profundizar en detalles sobre la entrega de los narcotraficantes, pero aprovechó para arremeter contra el sistema judicial mexicano:
“La corrupción del Poder Judicial en nuestro país es aberrante y ofensiva. ¡Qué bueno que el pueblo de México tomó la decisión de cambiar de raíz el Poder Judicial!”.
En una conferencia de prensa conjunta, García Harfuch reforzó la versión inicial:
“Teníamos información de que algunos de estos criminales podrían ser liberados debido a acuerdos con jueces del Poder Judicial” .
Sin embargo, Gertz Manero desmintió esta versión y aseguró:
“Esta entrega se realizó en estricto apego a la Ley de Seguridad Nacional y en respuesta a una solicitud formal de Estados Unidos” .
Funcionarios del gobierno mexicano, como el canciller Juan Ramón de la Fuente, enfatizaron que los individuos fueron expulsados, no extraditados, lo que legalmente permite su entrega sin seguir los procedimientos tradicionales de extradición. Esta distinción es crucial, ya que al ser expulsados, los detenidos podrían enfrentar la pena de muerte en Estados Unidos, a diferencia de la extradición formal que suele incluir garantías contra dicha pena .
El gobierno de Estados Unidos agradeció la colaboración de México y confirmó que el traslado se realizó a petición suya. Coincidentemente, el 4 de marzo entraron en vigor aranceles del 25% impuestos por el presidente Donald Trump a productos mexicanos. En respuesta, la presidenta Sheinbaum leyó un comunicado en su conferencia matutina del mismo día, señalando que la entrega de los 29 capos se realizó a solicitud de Estados Unidos, lo que contradice la versión inicial de que fue para prevenir actos de corrupción en el Poder Judicial.
El Consejo de la Judicatura Federal respondió a las declaraciones de García Harfuch, instándolo a presentar pruebas que sustenten sus afirmaciones sobre la supuesta corrupción en el Poder Judicial. Hasta el momento, no se han presentado evidencias concretas que respalden dichas acusaciones.
Este conjunto de declaraciones y acciones refleja una narrativa gubernamental inconsistente respecto a la entrega de los 29 capos. Mientras que inicialmente se argumentó la medida como una acción preventiva contra la corrupción judicial, posteriormente se reconoció que fue una respuesta a solicitudes y presiones del gobierno estadounidense, especialmente en el contexto de las recientes tensiones comerciales y la imposición de aranceles.
La falta de una versión coherente ha generado confusión y desinformación entre la población, especialmente entre los seguidores de la 4T, quienes tienden a descalificar a los medios de comunicación críticos. Esta situación subraya la necesidad de transparencia y coherencia en la comunicación gubernamental para evitar la propagación de narrativas erróneas y mantener la confianza pública.
Este artículo busca desmentir la narrativa oficial inicial y proporcionar una visión clara y basada en hechos sobre la entrega de los 29 capos al gobierno de Estados Unidos.
