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Por Hugo Maguey
A partir del 4 de marzo entran en vigor los aranceles de 25% a los productos mexicanos que entren en Estados Unidos, anunciados por el presidente Donald Trump y que se pausaron por un mes luego de una negociación con el gobierno mexicano. ¿Qué impacto tendrá en la economía mexicana, y qué sectores serán los más afectados?
Impacto en las exportaciones mexicanas
Un arancel del 25% encarecería inmediatamente los productos mexicanos en Estados Unidos, haciéndolos menos competitivos y reduciendo su demanda en ese mercado
Esto significa que los compradores estadounidenses enfrentarían precios más altos por bienes “Hecho en México” y podrían optar por disminuir sus importaciones o buscar proveedores alternativos. Por ejemplo, si un automóvil fabricado en México cuesta $25,000 dólares, el arancel añadiría unos $6,250 a su precio final, volviéndolo mucho menos atractivo frente a vehículos locales.
Esta alza de precios mermaría las ventas de exportadores mexicanos y los ingresos de sus compañías, puesto que varios consumidores en EEUU recortarían sus compras de bienes mexicanos debido al costo. Cabe notar que ciertos productos sin sustitutos inmediatos podrían mantener demanda elevada a pesar del arancel – por la fuerte dependencia de algunas cadenas de suministro estadounidenses en México –, pero en general se esperaría una contracción en el volumen exportado.
Sectores más afectados
No todos los sectores sufrirían por igual; industrias clave sentirían con más fuerza el golpe de un arancel generalizado:
- Automotriz: Es el sector estrella de las exportaciones mexicanas y sería de los más perjudicados. México se ha convertido en el tercer mayor exportador de vehículos a nivel mundial, con ventas por casi $189 mil millones en 2023
La gran mayoría de esas unidades se destinan a Estados Unidos. La integración regional bajo el T-MEC es profunda (88% de las pickups vendidas en EEUU provienen de México).
Un arancel así trastocaría seriamente la cadena automotriz norteamericana. La Industria Nacional de Autopartes advirtió que las nuevas tarifas podrían hacer que las armadoras en México reduzcan su producción en hasta 1 millón de vehículos este año.
Esto implica menos exportaciones de autos y autopartes, despidos en plantas ensambladoras y disrupciones en la proveeduría. Incluso empresas estadounidenses como GM o Ford se verían afectadas, al depender de instalaciones mexicanas para surtir su mercado interno.
En resumen, se debilitaría un pilar exportador de México (autos y autopartes representan más de 10 millones de empleos en Norteamérica) y caerían los ingresos del país por venta de vehículos.
- Manufactura general: Más allá de los autos, el amplio sector manufacturero mexicano (maquiladoras de diversos insumos, acero, aluminio, maquinaria, textiles, y otros) también resentiría el arancel. Muchos insumos industriales producidos en México – desde piezas mecánicas hasta electrodomésticos – encarecerían 25%, perdiendo competitividad frente a productores de otros países no sujetos al impuesto. Sectores como el acero y aluminio, que ya habían enfrentado tarifas en años recientes, volverían a encarecerse.
En general, las exportaciones de manufacturas (que constituyen cerca del 89% de las ventas externas de México) se verían golpeadas, con costos adicionales que podrían forzar a algunas plantas a recortar producción. Esto dañaría especialmente a los estados manufactureros del norte y centro del país donde se ubican numerosas maquilas orientadas al mercado estadounidense.
- Electrónica y electrodomésticos: La industria electrónica mexicana – productora de televisores, computadoras, celulares, electrodomésticos, entre otros. – también sería duramente impactada. En noviembre de 2024 las exportaciones mexicanas de equipo eléctrico y electrónico sumaron 8 mil 925 millones de dólares, de los cuales el 88.8% tuvo como destino Estados Unidos
Esta enorme dependencia significa que un arancel del 25% podría poner en riesgo miles de empleos en plantas de ensamblaje en Baja California, Chihuahua y Nuevo León, donde se concentra esta producción
Los consumidores estadounidenses tendrían que pagar más por pantallas, laptops o refrigeradores importados, lo que probablemente reduciría las órdenes a fabricantes mexicanos. De hecho, se estima que solo en computadoras el arancel implicaría unos 7 mil 100 millones de dólares extra que tendrían que pagar los consumidores de EEUU.
Si la demanda se contrae, empresas mexicanas de electrónica podrían ver caer sus ingresos y detener nuevas inversiones en el sector.
- Agroindustria: El campo y la agroindustria mexicana — grandes proveedores de alimentos a EEUU. — enfrentarían serias dificultades. Estados Unidos es el principal comprador de productos agroalimentarios de México (sólo en 2020 importó 33 mil 703 millones de dólares en alimentos mexicanos).
Muchos productos dependen casi totalmente del mercado estadounidense: por ejemplo, alrededor del 81% de las exportaciones mexicanas de aguacate van a EEUU.
En ciertas hortalizas la proporción es cercana al 90%. Un arancel encarecería frutas, verduras, cárnicos, cerveza y otras exportaciones del campo, haciéndolas menos competitivas. En el corto plazo podría significar precios más altos para el consumidor estadounidense, por ejemplo, los aguacates, y posiblemente una reducción en las órdenes a productores mexicanos si importadores de EEUU. buscan otros orígenes o producen más domésticamente. Para México, esto se traduciría en menores ingresos para agricultores y empresas de alimentos, afectando a estados agrícolas (Michoacán en aguacate, Sinaloa en tomate, Jalisco en berries, por citar algunos). La balanza agroalimentaria mexicana, tradicionalmente superavitaria con EEUU, se vería comprometida, y podrían perderse empleos rurales si la caída de exportaciones obliga a recortar producción.
Efecto en el tipo de cambio
La mera amenaza de estos aranceles ha presionado a la baja al peso mexicano, y su imposición efectiva agravaría la depreciación. Analistas advierten que el peso podría superar la barrera de $24 MXN por dólar en el mediano plazo si el arancel de 25% se mantiene.
Esto implicaría una rápida pérdida de valor frente al dólar (una depreciación del orden de 15–20% desde niveles previos al anuncio). De hecho, cuando se confirmaron los aranceles a inicios de 2025, el peso ya sufrió caídas inmediatas – alrededor de 1.4% en un solo día de operaciones, reflejando el nerviosismo del mercado.
Una medida tan drástica eleva la demanda de dólares por la expectativa de menor entrada de divisas por exportaciones, y eleva la percepción de riesgo país, motivando a inversionistas a retirar capital, lo que debilita aún más al peso.
Un peso más débil encarece las importaciones mexicanas y puede generar presiones inflacionarias internas, dado que bienes importados como granos, insumos y maquinaria, subirían de precio. El Banco de México enfrentaría así un dilema: un tipo de cambio a la baja normalmente requeriría tasas de interés altas para contener la inflación, pero al mismo tiempo la economía estaría enfriándose por la caída exportadora. No obstante, algunos expertos señalan que la esperada debilidad de la demanda interna compensaría parcialmente las presiones inflacionarias de la depreciación, permitiendo a Banxico recortar las tasas más adelante para estimular la economía.
En cualquier caso, habría mayor volatilidad financiera: un escenario de aranceles podría llevar el peso a nuevos mínimos históricos frente al dólar, recordando episodios críticos de devaluación (aunque en menor escala que las crisis pasadas). Las empresas con deudas en dólares o insumos importados sufrirían costos más altos, y la confianza en la moneda podría tardar en recuperarse hasta que se disipen las tensiones comerciales.
Desempleo y reducción de inversión
Si las exportaciones mexicanas caen significativamente, la actividad económica local resentiría el impacto en empleo e inversión. Sectores orientados al mercado externo podrían recortar personal ante la menor demanda: estimaciones apuntan que hasta 800 mil empleos estarían en riesgo, concentrados en industrias como la automotriz y manufacturera, que verían frenada su producción por los aranceles.
Muchas de estas plazas son trabajos formales y relativamente bien remunerados; su pérdida elevaría la tasa de desempleo y podría tener un efecto dominó en comunidades enteras, por ejemplo, ciudades fronterizas manufactureras donde esas industrias son el motor económico. A su vez, el menor ingreso de divisas y la incertidumbre comercial harían que nuevas inversiones extranjeras se pospusieran o cancelaran. México se ha beneficiado recientemente del nearshoring (relocalización de plantas hacia México), pero este proceso podría frenarse mientras no haya certidumbre externa ni interna.
Compañías globales podrían dudar en expandir operaciones en México si enfrentan la barrera de un 25% extra para enviar mercancías a EEUU, prefiriendo quizá otros países sin ese obstáculo.
Algunis analistas financieros contemplan un escenario de menor crecimiento por esta política. BBVA, por ejemplo, proyecta que con un arancel de 25% el PIB mexicano podría contraerse alrededor de 1.5% en un año (en lugar de crecer modestamente), dado el choque simultáneo en exportaciones e inversión.
La caída de la inversión por la incertidumbre sería especialmente pronunciada: la misma institución estima que la cancelación de proyectos podría restar casi 1.8 puntos porcentuales al crecimiento, exacerbando la desaceleración.
México podría entrar en recesión técnica si estos aranceles se prolongan, debido a la combinación de exportaciones mermadas, fuga de capitales y menor gasto privado. También habría efectos secundarios en las finanzas públicas: menos recaudación por menor actividad, posible aumento en subsidios o apoyos a desempleados, y en la inversión doméstica, puesto que la confianza empresarial se deterioraría con un entorno de tensiones comerciales prolongadas.
La incertidumbre misma actúa como freno: incluso si la medida se revertiera pronto, el temor y la inestabilidad pueden haber ya postergado planes de inversión importantes
Una caída exportadora derivada del arancel golpearía el empleo industrial y desincentivaría la llegada de capital extranjero, minando uno de los motores principales del crecimiento mexicano en las últimas décadas: la integración comercial.
Comparación con crisis anteriores (1994 y 1982)
Un arancel del 25% impuesto externamente sería un choque diferente a las crisis financieras de 1982 y 1994, pero es útil contrastar sus posibles impactos con esos episodios históricos. En 1982, México enfrentó una severa crisis de deuda externa: se declaró la imposibilidad de pagar sus compromisos, lo que llevó a una devaluación masiva del peso y a la nacionalización de la banca. La inflación anual de ese año superó el 100%, los precios se duplicaron, reflejando la pérdida de valor de la moneda. La economía entró en recesión profunda; durante 1981-1983 la actividad económica se contrajo en total alrededor de 7.2% del PIB, marcando el inicio de la “década perdida” para México. El gobierno tuvo que tomar medidas drásticas y acordar programas con el FMI, y la recuperación fue lenta. La confianza de los mercados tardó años en restablecerse tras la moratoria de la deuda.
En 1994, la llamada “crisis del tequila” fue detonada por la abrupta devaluación del peso en diciembre de ese año, en medio de desequilibrios en cuenta corriente y fuga de capitales. El impacto fue inmediato: el peso perdió alrededor de la mitad de su valor en cuestión de días, desatando el pánico financiero. En 1995, México sufrió una contracción del PIB de -6.2% – la peor caída anual desde los años 30 – antes de tocar fondo.
La inflación repuntó y las tasas de interés se dispararon por encima de 50%, encareciendo el crédito. La reacción del mercado internacional fue dura, pero relativamente breve gracias a una respuesta coordinada: el gobierno de EEUU. intervino con un paquete de rescate de 20 mil millones de dólares para respaldar a México y estabilizar su moneda, lo que ayudó a contener la crisis. Aun así, en cuestión de semanas hubo quiebras empresariales, pérdida de reservas internacionales y un fuerte incremento en la pobreza. Hacia 1996 la economía mexicana logró recuperarse, pero la lección de vulnerabilidad financiera quedó patente.
Comparado con esos eventos, el impacto de un arancel de 25% sería significativo pero probablemente menos catastrófico en magnitud, siempre que no escale a una ruptura total del tratado comercial. A diferencia de 1982 y 1994, la causa no sería un desbalance financiero interno sino una guerra comercial externa. No obstante, algunos efectos serían similares en dirección: se esperaría una depreciación importante del peso y un periodo de recesión, aunque más moderados. Por ejemplo, analistas prevén una caída del peso a niveles por encima de 24 pesos por dólar, una devaluación notable pero muy por debajo de la proporción de 1994, y una posible contracción del PIB en el orden de 1–2%, lejos del desplome de 1995.
Tabmién podría haber volatilidad en mercados financieros y nerviosismo de los inversionistas, pero México hoy cuenta con fundamentos más sólidos (tipo de cambio flexible, reservas internacionales robustas, menor inflación) que le darían mayor resiliencia que en 1994 y 1982. En contraste con 1982, la inflación actual está controlada y no se anticipa un descontrol de precios similar al de entonces, salvo que la depreciación del peso se agravara enormemente. Y a diferencia de 1994, cuando se requirió un rescate internacional, en este caso el camino de salida dependería más de negociaciones comerciales que de un paquete de ayuda financiera. El riesgo de recesión y depreciación existe y las reacciones de los mercados podrían ser negativas, aunque la escala del daño económico sería menor que en aquellas dos crisis históricas porque no hay por medio un colapso bancario ni una suspensión de pagos soberanos. En resumen, el arancel del 25% podría inducir una mini-crisis comercial con caída del PIB y del peso, pero no alcanzaría – en principio – la severidad de las crisis de 1982 (hiperinflación, default) o de 1994 (colapso cambiario profundo), siempre y cuando la disputa arancelaria logre resolverse en el corto plazo.
Respuesta del gobierno mexicano
Ante un escenario tan adverso, el gobierno de México tiene como camino implementar estrategias para mitigar los efectos de los aranceles, combinando diplomacia, medidas legales y acciones económicas internas. De entrada, la reacción oficial ha sido enérgica en el plano diplomático: la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó al Secretario de Economía (Marcelo Ebrard) activar un “plan B” que incluye medidas arancelarias y no arancelarias en defensa de los intereses de México, es decir, represalias comerciales contra Estados Unidos y acciones para apoyar a los sectores nacionales.
Al mismo tiempo, México busca el diálogo: la propia presidenta Sheinbaum propuso al presidente Trump establecer mesas de trabajo conjuntas para resolver los problemas de fondo “hablando y dialogando” en vez de escalar la confrontación.
En foros internacionales, México también puede recurrir a mecanismos legales. Dado que la imposición de aranceles unilaterales violaría el T-MEC (USMCA), el gobierno mexicano podría presentar una disputa formal bajo el tratado para impugnar la medida.
Un informe del Congreso de EEUU. señala que estos aranceles serían una transgresión al acuerdo comercial, habilitando a México a tomar acciones legales, y advierte que una guerra arancelaria tendría consecuencias graves para ambas economías.
En cuanto a acciones económicas internas, el gobierno podría otorgar incentivos fiscales o apoyos financieros a las industrias más afectadas. Esto incluiría medidas como facilidades tributarias, créditos blandos o subsidios temporales para exportadores agrícolas, manufactureros y automotrices, buscando aliviar el golpe del arancel en sus costos de producción y ayudándoles a mantener el empleo. Organismos empresariales han enfatizado que es indispensable una estrategia integral entre gobierno y empresarios que fortalezca nuestro mercado interno, brindando certidumbre jurídica, seguridad y condiciones (energía, infraestructura) para resistir la turbulencia.
Fortalecer la demanda interna serviría para absorber parte de la producción que enfrente obstáculos afuera, y daría un respiro a las empresas mientras se solucionan las tensiones externas. Adicionalmente, México podría diversificar sus mercados de exportación con mayor ahínco. El país cuenta hoy con 14 tratados de libre comercio que le dan acceso preferencial a 50 naciones (incluyendo regiones como la Unión Europea, Latinoamérica y Asia-Pacífico). Frente a la presión de los aranceles de EEUU, es el momento de aprovechar esas alternativas: el gobierno impulsaría la búsqueda de nuevos compradores en Europa, Canadá, Asia y otros destinos para productos mexicanos, reduciendo la dependencia del mercado estadounidense.
Por ejemplo, se podrían redirigir excedentes de productos agroalimentarios a países con los que México tiene acuerdos vigentes, o promover las exportaciones de manufacturas hacia Sudamérica y otros mercados emergentes.
Finalmente, la respuesta también incluye mantener la estabilidad macroeconómica interna. El Banco de México vigila de cerca el comportamiento del peso y la inflación, estando listo para intervenir si fuera necesario vía reservas o tasas de interés para evitar desórdenes financieros severos. La coordinación con el sector privado sería clave: el gobierno puede consultar con las empresas exportadoras para diseñar soluciones específicas por sector. México ya mostró en junio de 2019 – cuando se amenazó con aranceles similares – que la vía negociada puede evitar la crisis; en ese entonces se alcanzó un acuerdo migratorio para frenar los aranceles. En 2025, con los aranceles materializados, la estrategia combinada sería resistir económicamente con apoyos internos y diversificación, a la par de intensificar gestiones diplomáticas para lograr que EEUU retire la medida lo antes posible. Cada día que el arancel siga vigente tendrá costos elevados para ambos países, así que México apostará por una solución diplomática pragmática, posiblemente haciendo concesiones en temas de seguridad o migración, que son los argumentos que Washington ha argumentado para restaurar el libre comercio normal. Mientras tanto, con estas acciones, el gobierno mexicano procura contener el daño, proteger empleos nacionales y mantener la confianza de inversionistas de que México sigue siendo un socio confiable — enviando la señal de que, aunque golpeado por los aranceles, el país está tomando pasos firmes para afrontar la situación y evitar una crisis mayor.
