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Por Hugo Maguey
Las verdaderas motivaciones detrás de regular Uber, Didi y salarios base para quienes viven de propinas
En medio de un debate creciente sobre la precariedad laboral en México, han surgido propuestas que buscan regular las plataformas digitales de transporte como Uber y Didi, así como establecer salarios base para los trabajadores que dependen de propinas. Sin embargo, estas iniciativas podrían estar más motivadas por la necesidad de aumentar la recaudación fiscal que por una verdadera preocupación por mejorar las condiciones laborales.
Por un lado, la regulación de plataformas digitales está enfocada principalmente en formalizar las contribuciones fiscales de conductores y empresas, muchos de los cuales operan como trabajadores independientes fuera del sistema tributario. Aunque la medida se presenta como un paso hacia la justicia laboral, los críticos señalan que no aborda problemas clave como la falta de seguridad social, jornadas extenuantes o la inexistencia de contratos laborales formales. “El objetivo parece ser integrar a estos trabajadores al sistema fiscal más que garantizar derechos laborales efectivos”, opinan especialistas en políticas públicas.
De manera similar, la iniciativa de otorgar salarios base a quienes viven de propinas, como meseros o trabajadores de servicios, podría derivar en mayores costos laborales para los empleadores, aumentando las contribuciones patronales y fiscales. Si bien se busca estabilizar los ingresos de estos trabajadores, expertos advierten que esto podría resultar en una disminución en las propinas, con el riesgo de que el ingreso total de los empleados no mejore significativamente.
Ambas propuestas carecen de un enfoque integral que ataque la raíz de la precariedad laboral en el país. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), más del 55% de los trabajadores en México operan en la informalidad, una cifra que estas medidas no abordan de manera estructural. En este contexto, la formalización de conductores de plataformas o trabajadores de servicios se percibe como un esfuerzo dirigido principalmente a aumentar los ingresos del Estado.
Por último, el discurso oficial que resalta la justicia social, podría ser más retórico que práctico. Sin un marco claro para redistribuir los recursos recaudados y garantizar beneficios tangibles a los trabajadores, estas medidas terminan siendo más fiscales que sociales.
Mientras el gobierno argumenta que estas políticas buscan el bienestar de los trabajadores, la falta de un diseño robusto y transparente deja abierta la interrogante: ¿es esto una verdadera reforma laboral o simplemente una estrategia recaudatoria disfrazada?
Pero vamos punto por punto:
1. Foco en la formalización fiscal más que en la mejora laboral
- La regulación de plataformas como Uber o Didi está orientada principalmente a formalizar las contribuciones fiscales de estas empresas y de los conductores, que en muchos casos operan como trabajadores independientes y no están inscritos en el sistema fiscal. Aunque el discurso se presenta como una mejora de derechos laborales, el objetivo real parece ser integrar a estos trabajadores al sistema de recaudación.
- En el caso de los salarios base para trabajadores que viven de propinas, la medida podría incrementar los costos laborales para los empleadores, lo que inevitablemente llevaría a un aumento en las contribuciones patronales y fiscales. Esto beneficia directamente al Estado a través de una mayor recaudación, pero no necesariamente garantiza una mejora sustancial en la calidad de vida de los empleados.
2. Falta de un marco integral de derechos laborales
- Ambas propuestas carecen de un enfoque integral para proteger los derechos de los trabajadores. Por ejemplo, en el caso de los conductores de plataformas, no se aborda de manera seria la precariedad laboral, las largas jornadas o la falta de acceso a prestaciones como seguridad social y jubilación.
- De manera similar, los trabajadores que dependen de propinas podrían enfrentar reducciones en sus ingresos totales si se establece un salario base que permita a los empleadores justificar el pago de menores propinas, sin garantizar otros derechos básicos.
3. Impacto limitado en la informalidad laboral
- Muchas de estas iniciativas no resuelven el problema estructural de la informalidad laboral en México, que afecta a millones de trabajadores más allá de quienes están en estas plataformas o dependen de propinas. Esto sugiere que las propuestas están diseñadas más para captar ingresos inmediatos que para transformar las condiciones laborales de manera general.
4. Beneficio fiscal sobre el bienestar del trabajador
- En el caso de plataformas como Uber o Didi, el gobierno busca obtener ingresos fiscales tanto de las empresas como de los conductores. Sin embargo, no se garantiza que los trabajadores realmente reciban beneficios proporcionales, como seguridad social, mejores salarios o condiciones laborales dignas. Esto sugiere un enfoque más recaudatorio que social.
5. Uso de retórica para justificar políticas fiscales
- El discurso en torno a estas propuestas suele enfatizar la justicia social y la mejora de derechos laborales, pero las medidas específicas carecen de mecanismos claros para garantizar que el dinero recaudado beneficie directamente a los trabajadores. Esto refuerza la idea de que el objetivo principal es integrar a estos sectores al sistema fiscal para aumentar la recaudación, más que mejorar sus condiciones de vida.
En resumen, aunque las propuestas podrían tener un impacto positivo si se implementaran correctamente, la falta de un marco integral que priorice derechos laborales y redistribución de recursos sugiere que el verdadero objetivo es incrementar los ingresos fiscales del gobierno más que garantizar el bienestar de los trabajadores.
