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Por Carlos Gabriel Peters
El Senado de la República aprobó recientemente una legislación que prohíbe la comercialización, distribución y uso de vapeadores en todo el territorio nacional. Esta medida, defendida por el gobierno como un paso crucial para proteger la salud pública, ha desatado una intensa controversia entre grupos que abogan por la regulación de estos dispositivos y quienes consideran la prohibición como un catalizador para el crecimiento del mercado negro.
La decisión llega en un contexto en el que los vapeadores han sido objeto de preocupación debido a su creciente popularidad entre los jóvenes y los riesgos asociados a su uso. Según cifras de la Organización Panamericana de la Salud, el uso de cigarrillos electrónicos se ha incrementado significativamente en los últimos años, con un aumento alarmante entre adolescentes y niños en México.
Sin embargo, la prohibición también ha levantado críticas por parte de asociaciones civiles, expertos en salud pública y empresarios, quienes argumentan que regular y controlar el mercado de vapeadores sería una solución más efectiva. “La prohibición no elimina el problema; simplemente lo traslada a la clandestinidad”, señala Adriana Morales, investigadora en políticas públicas. “En lugar de garantizar productos seguros, se fomenta un mercado negro descontrolado y potencialmente más peligroso.”
El mercado negro ya es una preocupación tangible. Con la prohibición en marcha, se prevé que los vapeadores sigan siendo accesibles a través de canales informales, lo que podría aumentar los riesgos de consumo de productos adulterados o de baja calidad. Además, esta situación también podría dificultar los esfuerzos para educar a los consumidores sobre los riesgos asociados con el uso de vapeadores.
Otro aspecto controvertido de la prohibición es su supuesta motivación. De acuerdo con documentos revelados por los Guacamaya Leaks, la decisión podría estar influenciada por una experiencia personal del presidente Andrés Manuel López Obrador. Según estas filtraciones, el hijo menor del mandatario habría sido hospitalizado tras el uso de vapeadores, lo que habría llevado a la adopción de una postura más estricta por parte del gobierno.
Aunque el gobierno no ha confirmado ni desmentido esta información, el tema ha generado críticas por parte de quienes consideran que las políticas públicas deben basarse en evidencia científica y no en experiencias personales. En este sentido, expertos y organizaciones han insistido en la necesidad de abrir un debate amplio e inclusivo para determinar la mejor manera de abordar el problema.
La prohibición de los vapeadores representa un nuevo capítulo en el debate sobre salud pública, regulación de sustancias y libertades individuales en México. Mientras tanto, millones de usuarios de vapeadores y la industria esperan respuestas claras sobre cómo enfrentar las implicaciones de esta medida.
