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Por Hugo Maguey
El fiscal general Alejandro Gertz Manero afirmó en una “mañanera” que “el gobierno de Estados Unidos se desistió de la acción a petición del gobierno de México, eso no es cierto”. Sin embargo, las evidencias demuestran que esta declaración es falsa.
Durante la audiencia del 18 de noviembre de 2020 en la Corte del Distrito Este de Nueva York, la jueza Carol Bagley Amon aprobó la solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos para retirar los cargos contra el exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, y permitir su traslado a México. En dicha audiencia, la jueza declaró: “Aunque estos son cargos muy graves contra una figura muy significativa… no tengo motivos para dudar de la sinceridad de la decisión del Gobierno”. Esta declaración confirma que la decisión de retirar los cargos fue gubernamental y no una resolución autónoma de la corte.
Además, el 17 de noviembre de 2020, un día antes de la audiencia, los fiscales generales de ambos países, William P. Barr por Estados Unidos y Alejandro Gertz Manero por México, emitieron un comunicado conjunto en el que se menciona expresamente que “la Fiscalía General de la República, al enterarse del arresto y de los cargos en Estados Unidos contra el General Cienfuegos, abrió su propia investigación”. En este mismo documento se confirma que “el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha tomado la decisión de buscar que se desechen los cargos criminales en Estados Unidos contra el exsecretario Cienfuegos, para que pueda ser investigado y, en su caso, acusado bajo las leyes mexicanas”.
Joint Statement by Attorney General of the United States William P. Barr and Fiscalía General of Mexico Alejandro Gertz Manero https://t.co/02vmPr2gC0 pic.twitter.com/hBN7IwAPPw
— U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) November 17, 2020
El mismo comunicado también señala que “a solicitud de la Fiscalía General de la República, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, bajo el Tratado que rige el intercambio de pruebas, ha proporcionado a México evidencia en este caso y se compromete a una cooperación continua”. Es decir, la petición de trasladar la investigación a México existió y quedó documentada oficialmente.
Estos hechos contradicen de manera contundente la versión de Gertz Manero, quien aseguró que México nunca solicitó la investigación ni influyó en la decisión de retirar los cargos en Estados Unidos. En realidad, la decisión de desistir del proceso en EEUU, fue producto de una negociación diplomática y política entre ambos gobiernos, en la que la Fiscalía General de la República sí tuvo un papel clave.
El intento de Gertz Manero de negar estos hechos desinforma, y encubre el actuar de la FGR en este caso, que tras recibir el expediente estadounidense decidió exonerar a Cienfuegos en tiempo récord (72 días), argumentando que las pruebas eran insuficientes. Una exoneración que, a la luz de estas evidencias, parece más una decisión política que una verdadera evaluación judicial de los hechos.
