La narrativa que mató a la democracia

La campaña desde el poder contra el Poder Judicial

Desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador desplegó una intensa campaña mediática contra el Poder Judicial. En sus conferencias matutinas (“mañaneras”) acusó repetidamente a jueces, magistrados y ministros de corrupción y de servir a intereses oscuros. El 17 de mayo de 2023, por ejemplo, López Obrador arremetió “nuevamente contra el Poder Judicial” afirmando que este “está podrido” y sólo sirve a “potentados y a los delincuentes”, por lo que insistió en que era necesario “renovarlo” por completo. El mandatario llegó a calificar a la Suprema Corte y los tribunales como “un bastión del conservadurismo corrupto”, sosteniendo que no habían cambiado desde el antiguo régimen neoliberal y requerían una transformación radical.

El presidente utilizó casos polémicos para alimentar esta percepción. En junio de 2024, tras reunirse con Claudia Sheinbaum (entonces virtual presidenta electa), volvió a exigir una reforma judicial urgente, acusando que “hay mucha corrupción” en ese poder. Señaló que el Poder Judicial está “secuestrado por la delincuencia organizada y por la delincuencia de cuello blanco” y defendió su propuesta de que jueces y ministros sean electos por voto popular. En esas mismas mañaneras, el gobierno exhibía públicamente a jueces que habían otorgado amparos o libertades a imputados, insinuando que sus decisiones “favorecieron a delincuentes”. El 22 de agosto de 2023, por ejemplo, la sección “Cero Impunidad” de la mañanera exhibió a cinco jueces y magistrados con quejas o denuncias penales, detallando cuántas veces cada uno había dictado resoluciones “contrarias a la solicitud del Ministerio Público” (es decir, fallos que no siguieron lo que pedían los fiscales). Este tipo de exposiciones buscaban reforzar la narrativa de que los jueces protegían a los criminales, cuando en realidad muchas de esas decisiones se debían a faltas en las pruebas o violaciones al debido proceso por parte de las fiscalías.

Es importante señalar que, pese al discurso oficial, no se hallaron evidencias de la corrupción sistemática que se atribuía al Poder Judicial. De hecho, en el informe final de labores de 2025, la Suprema Corte destacó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no realizó ninguna observación ni encontró anomalías en el manejo de recursos del Poder Judicial, incluyendo sus controvertidos fideicomisos. Incluso se contrató una auditoría externa independiente, la cual igualmente “arrojó un resultado sin observaciones” sobre las finanzas de la Corte. Esto confirmó que, al menos en cuanto a manejo de recursos, no había rastro de los actos de corrupción que desde el Ejecutivo se insinuaban. Por otro lado, especialistas señalan que la corrupción que sí percibe la ciudadanía en los procesos judiciales suele originarse en la etapa de investigación –a cargo de policías y Ministerios Públicos que dependen del Poder Ejecutivo– más que en las sentencias de los jueces. En otras palabras, muchas veces se culpan a los jueces de liberar delincuentes cuando el problema real es la mala integración de las carpetas o actos corruptos en las fiscalías que no logran sustentar las acusaciones. Con todo, la narrativa oficial responsabilizó casi exclusivamente al Poder Judicial de la impunidad y la injusticia.

Del discurso a la “reforma judicial” y el Plan C

La ofensiva discursiva tuvo un objetivo político claro: justificar ante la opinión pública la necesidad de una reforma al Poder Judicial. Desde la primavera de 2023, López Obrador comenzó a plantear abiertamente cambios constitucionales para “limpiar” ese poder, incluyendo la idea inédita de que el pueblo eligiera por voto directo a ministros, magistrados y jueces. Esa propuesta surgió con fuerza después de que la Suprema Corte invalidara en mayo de 2023 parte de la reforma electoral conocida como “Plan B”. “¿Por qué no consultar al pueblo…? Que los ministros de la Corte los elija el pueblo con voto secreto y universal, que no los elija la élite del poder”, lanzó el presidente, visiblemente molesto porque “se atrevieron a cancelar una ley” aprobada por su gobierno. Para López Obrador, la decisión de la Corte de frenar el Plan B confirmó su acusación de que el Poder Judicial “no obedecía al pueblo” sino a intereses conservadores, reforzando así su llamada a una transformación profunda de ese poder.

Sin embargo, el presidente enfrentaba un obstáculo para materializar esa reforma constitucional: no contaba con la mayoría calificada (dos tercios) en el Congreso de la Unión. Fue entonces cuando delineó su “Plan C”. A finales de marzo de 2023, anticipando que sus reformas podrían ser bloqueadas en tribunales, López Obrador reveló la existencia de un Plan C electoral: “Que no estén pensando que ya terminó todo… Ese es el Plan C”, dijo, explicando que consistía en llamar al pueblo a no dar “ni un voto a los conservadores” en 2024, de modo que su movimiento obtuviera una mayoría aplastante. En la conferencia del 9 de mayo de 2023, detalló que el Plan C implicaba votar “parejo” por Morena y sus aliados en las elecciones del 2 de junio de 2024 –tanto para la Presidencia como para diputados y senadores– con el fin de alcanzar los 334 escaños necesarios en la Cámara de Diputados (dos tercios de 500) y la proporción equivalente en el Senado. “Hay que ir por los 334 en la próxima elección para poder llevar a cabo reformas constitucionales, ese es el Plan C”, exhortó el mandatario.

El mensaje fue claro: si en el Congreso actual “no se puede” reformar al Poder Judicial por falta de votos, entonces se buscaría arrasar en las urnas en 2024 para lograrlo. Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX y pronta candidata presidencial de Morena, respaldó públicamente esta estrategia. Incluso declaró que apoyaba el Plan C de AMLO para que los ministros de la Corte fueran electos por votación popular, alineándose con la narrativa de combatir la corrupción judicial vía una reforma constitucional.

La elección de 2024: triunfo arrasador y sobrerrepresentación

El 2 de junio de 2024, Morena y sus aliados político-electorales (Partido del Trabajo y Partido Verde) cosecharon una victoria contundente en las urnas. No solo ganó la Presidencia –Claudia Sheinbaum se alzó con el triunfo, sucediendo a López Obrador–, sino que, tal como se planificó, obtuvieron una supermayoría legislativa que allanó el camino al Plan C. Días después de los comicios, Sheinbaum fue reconocida como “presidenta electa” y se reunió con López Obrador para coordinar la agenda de reformas pendientes, entre ellas la del Poder Judicial. El propio presidente celebró que “el pueblo dio un ‘¡tengan para que aprendan!’” a sus adversarios en las urnas, jactándose de que ahora “la transformación” tendría vía libre.

Sin embargo, la manera en que Morena alcanzó la codiciada mayoría calificada no estuvo exenta de polémica. Gracias a la legislación electoral vigente –que distribuye los escaños plurinominales por partido individual en lugar de por coalición– la alianza oficialista obtuvo muchos más asientos de los que proporcionalmente le correspondían por su porcentaje de voto nacional. El 23 de agosto de 2024, el Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó la asignación final de curules: entre Morena, PT y PVEM sumaban 364 diputados federales, equivalentes al 73% de la Cámara. Esto representaba un 18% de sobrerrepresentación por encima del límite constitucional del 8%. En otras palabras, con cerca del 55% de la votación legislativa, el bloque oficialista logró casi tres cuartas partes de los escaños –suficientes para reformar la Constitución sin necesidad de negociar con la oposición. En el Senado, aunque la alianza también ganó mayoría absoluta, se quedó inicialmente a tres senadores de los dos tercios necesarios.

La oposición, organismos civiles y exfuncionarios electorales denunciaron que esta configuración violaba el espíritu de la Ley y ponía en riesgo el equilibrio democrático. Exconsejeros como José Woldenberg y académicos señalaron que permitir a un solo partido modificar la Carta Magna a su antojo era peligroso. Pero López Obrador desestimó las críticas. En tono desafiante, recordó que fueron el PRI y el PAN quienes habían reformado la norma años atrás para establecer el reparto por partido, y ahora esa regla jugaba en su contra. “Que no menosprecien al pueblo… así lo establece la Constitución y la ley que ellos reformaron”, respondió en defensa de la distribución de escaños. Lejos de mostrarse moderado tras el triunfo, el presidente tomó el resultado como un mandato para profundizar su proyecto: “El pueblo dijo ‘¡basta!’ y se inició la transformación, acabar con la corrupción, que es el principal problema del país”, clamó sobre el Plan C.

Aprobación exprés de la reforma judicial: coerción y “traiciones”

Con la nueva LXVI Legislatura instalada el 1 de septiembre de 2024, Morena pasó de las palabras a los hechos. Una de las primeras iniciativas prioritarias –enviada por López Obrador en febrero de 2024 pero congelada hasta tener la nueva mayoría– fue la Reforma Constitucional al Poder Judicial. Esta reforma, de alcance histórico, proponía cambiar por completo el sistema de justicia, incluyendo someter a elección popular a jueces, magistrados y ministros, eliminar órganos autónomos y reorganizar el Consejo de la Judicatura. Se trataba, según sus defensores, de “crear un nuevo modelo de impartición de justicia” más cercano al pueblo. Sus detractores, en cambio, la consideraban un golpe a la independencia judicial y advirtieron que sumiría a México en “un terreno desconocido, lleno de incertidumbre”.

El debate legislativo fue encendido. A medida que se acercaba la votación, el oficialismo maniobró para asegurar cada voto necesario –sobre todo en el Senado, donde requerían un mínimo de 86 votos de 128. Para entonces Morena y sus aliados contaban con 83 senadores propios, por lo que necesitaban forzosamente tres apoyos adicionales de la oposición. Dos de esos votos los aseguraron con anticipación: a finales de agosto, dos senadores del PRD (partido opositor) sorpresivamente anunciaron su incorporación a Morena. Se trató de Sabino Hernández y Araceli Saucedo (experredistas), cuyos cambios de bando fueron vistos como un evidente “transfuguismo” premiado con futuras candidaturas o cargos. Aún así, faltaba un voto más para llegar a la mayoría calificada en el Senado.

El desenlace ocurrió en una dramática sesión el 10 de septiembre de 2024. Ese día, mientras cientos de ciudadanos y trabajadores judiciales protestaban a las afueras e incluso irrumpían en el recinto legislativo en rechazo a la reforma, dentro del Senado se gestaba una sorpresiva ruptura en la oposición. Miguel Ángel Yunes Márquez, senador del PAN (Partido Acción Nacional), anunció en el pleno que votaría a favor de la reforma judicial –traicionando la línea de su bancada con la que se había comprometido apenas días antes. Yunes Márquez, hijo del exgobernador veracruzano Miguel Ángel Yunes Linares, había sido un crítico de Morena, por lo que su “voltereta” causó estupor. “He sido objeto de un linchamiento público… a base de amenazas y agresiones han querido obligarme a pronunciarme en contra”, justificó en tribuna, alegando que su propio partido lo presionó, y que votaría en conciencia “por el bien de México”. Su dramático discurso, entre abucheos de “¡traidor!” de sus excompañeros, selló la suerte de la reforma.

Con el voto de Yunes, Morena alcanzó exactamente 86 votos a favor en la Cámara Alta, el mínimo para reformar la Constitución. A esto se sumó la ausencia estratégica de un senador opositor: Daniel Barreda, de Movimiento Ciudadano (MC), quien misteriosamente no se presentó a la sesión decisiva. Su silla vacía redujo el número de votos en contra y facilitó que el oficialismo lograra la proporción requerida. La versión oficial fue que Barreda viajó de último momento a Campeche para atender un asunto familiar –su padre había sido detenido ese mismo día– y que estuvo “incomunicado”. Sin embargo, dirigentes de MC denunciaron que se trató de un caso de coacción desde el poder: aseguraron que Barreda y su padre fueron retenidos por autoridades locales de Campeche (gobernada por Morena) para impedirle llegar a la votación. “Es una realidad que están presionando, utilizando a las fiscalías de los estados para obtener los votos que les faltan”, acusó el panista Ricardo Anaya, señalando directamente a la gobernadora morenista Layda Sansores. La oposición en pleno condenó el episodio como una maniobra sucia del oficialismo para “amarrar” los votos.

El caso de Yunes Márquez también estuvo rodeado de sospechas de compra de voluntades. Días después se supo que la Fiscalía de Veracruz –estado gobernado por Morena– había retirado sigilosamente una orden de aprehensión contra Yunes apenas un día antes de la votación de la reforma. El 9 de septiembre de 2024, en una audiencia privada y de carácter “urgente”, un juez local canceló la orden de captura que pesaba sobre el senador panista por delitos de falsedad de documentos y fraude procesal. La propia Fiscalía veracruzana se desistió de la acción penal argumentando haber encontrado “nuevas pruebas” de su inocencia. En resumen, el hijo de Miguel Ángel Yunes Linares –quien llevaba meses evadiendo la justicia– quedó libre de cargos justo a tiempo para regresar al Senado e inclinar la balanza a favor de Morena. De hecho, Yunes había solicitado licencia a su escaño semanas antes aduciendo problemas de salud, y su lugar lo ocupó brevemente su suplente (su padre, el exgobernador Yunes Linares). Pero la tarde del 10 de septiembre “salió del hospital” y se reincorporó para votar. La secuencia alimentó denuncias de que hubo un pacto de impunidad: a cambio de su voto, se le habría “perdonado” el proceso penal pendiente. El senador Julen Rementería, líder del PAN, espetó que Yunes “nos traicionó” y que “hubiera sido más decente que nos dijera que iba a hacerlo” en vez de fingir enfermedad.

Finalmente, alrededor de la medianoche del 10 al 11 de septiembre de 2024, el pleno del Senado aprobó la Reforma Judicial en lo general y en lo particular, consumando la operación política. El resultado fue 86 votos a favor y 41 en contra, entre gritos, empujones y un ambiente de caos. Legisladores de Morena celebraron eufóricos cantando “¡La reforma va!”, mientras la oposición clamaba fraude y coreaba “¡Traición!”. El presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Armenta, tuvo que trasladar la sesión a una sede alterna debido al tumulto, pero ni las protestas ciudadanas ni los señalamientos de chantaje detuvieron la máquina legislativa. En cuestión de horas, la enmienda constitucional fue turnada a los congresos estatales para su ratificación, la cual ocurrió de manera exprés en más de la mitad +1 de las entidades federativas, como era previsible dado que Morena controlaba la mayoría de los estados.

El golpe final: la Suprema Corte cede y “premios” para los aliados

Quedaba un último bastión institucional que podría frenar la reforma: la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a través de las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la oposición. Muchos confiaban en que la Corte, presidida entonces por la ministra Norma Piña (una jurista de carrera independiente), detendría la enmienda por considerarla contraria a los principios básicos de la Constitución –especialmente la división de poderes y la independencia judicial. En octubre de 2024, una vez promulgada la reforma, diversos senadores y actores presentaron impugnaciones solicitando invalidarla. El futuro de la democracia mexicana parecía pender de la votación de 11 ministros.

Sin embargo, el 5 de noviembre de 2024 ocurrió algo inesperado: la SCJN desestimó las acciones de inconstitucionalidad contra la reforma judicial, validándola en los hechos. La decisión fue posible gracias a un repentino cambio de criterio del ministro Alberto Pérez Dayán, considerado hasta entonces uno de los miembros moderados/autónomos de la Corte. Pérez Dayán se alineó en la votación con los ministros afines al gobierno (Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel y la entonces recién nombrada ministra Lenia Batres), negando la mayoría calificada de 8 votos necesaria para declarar inválida la reforma. Su voto fue el quinto en favor de la posición del Ejecutivo, suficiente para inclinar la balanza. La prensa crítica no tardó en calificar a Pérez Dayán de “cobarde, traidor y paria” por haber “entregado su reino por una paella”, aludiendo metafóricamente a que habría tranzado su lealtad a cambio de un beneficio personal.

Diversas versiones periodísticas y testimonios apuntan a que el ministro fue presionado y cooptado desde el poder. Según trascendió en los pasillos judiciales, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México –controlada por el gobierno capitalino de Morena– abrió dos expedientes por presunto acoso sexual contra Pérez Dayán en 2024, manteniéndolos como una espada de Damocles sobre él. Se mencionó incluso que esas denuncias provenían de incidentes dentro de la propia Corte y que, de avanzar, podrían derivar en un escándalo y eventual juicio político contra el ministro. Al mismo tiempo, surgieron rumores de un “premio” diplomático: se dijo que, a cambio de votar en favor de la reforma, a Pérez Dayán se le ofrecería una “visa dorada” para vivir en España, es decir, la embajada de México en Madrid una vez quedara vacante. Cabe recordar que AMLO ya había colocado a exgobernadores priistas que se le aliaron como embajadores (casos de Quirino Ordaz en España tras “entregar” Sinaloa, o Claudia Pavlovich en el consulado de Barcelona). De igual forma, Pérez Dayán –quien hasta hace poco era vilipendiado por la 4T por fallos pasados contra la Ley Eléctrica y otros asuntos– pasó súbitamente a ser tratado con benevolencia por el oficialismo. Su cambio de bando garantizó la supervivencia de la reforma judicial en la Corte, completando así el plan trazado desde Palacio Nacional.

La reacción interna en el Poder Judicial fue de consternación. Tras la votación del 5 de noviembre, empleados de la Corte tapizaron la oficina de Pérez Dayán con carteles acusándolo de “traidor”, a lo que el ministro respondió airadamente buscando sancionar a los responsables. Pero más allá de la indignación moral, la realidad es que con este desenlace el Poder Judicial Federal quedó sometido a los designios del Ejecutivo y su mayoría legislativa. Para enero de 2025, se puso en marcha el proceso de implementación de la reforma: creación de un nuevo Consejo de Administración Judicial controlado por Morena, planificación de elecciones populares de magistrados y jueces (denominadas “Elecciones Judiciales 2025”) y la renovación total de la Suprema Corte a través de las urnas. La ministra Norma Piña concluyó anticipadamente su periodo como presidenta de la Corte el 31 de diciembre de 2024, dando paso a la reorganización prevista. En su informe final, Piña enfatizó que “prácticamente no hay casos abiertos de corrupción” en la judicatura federal, en una implícita defensa de la honorabilidad de su poder ante la narrativa contraria, pero su voz se vio opacada por la maquinaria propagandística y política en contra.

De esta manera, la operación de desinformación y propaganda desde el poder alcanzó su objetivo. La imagen del Poder Judicial como ente corrupto y “enemigo del pueblo” –incansablemente promovida en las mañaneras y redes oficiales– preparó el terreno para una reforma que en los hechos desmanteló la independencia judicial. Se confirmaron los peores temores de analistas nacionales e internacionales: México estaba viviendo un retroceso democrático profundo. Como resumió el Journal of Democracy, “el presidente saliente del país está determinado a arrasar con el sistema judicial… su ataque al Estado de derecho es aún más preocupante por el apoyo popular fabricado con el que contó”. En última instancia, la narrativa que mató a la democracia probó ser una combinación de mentiras repetidas, coerción política y perversión de las reglas para concentrar el poder. El legado de este episodio deja una lección amarga: cuando se socava la verdad y se erosiona la confianza en las instituciones, la línea que separa una democracia de una autocracia puede esfumarse peligrosamente.

Cronología de eventos clave

9 de mayo de 2023: AMLO anuncia en su conferencia que tiene un “Plan C” electoral, pidiendo “no dar ni un voto al bloque conservador” en 2024 para lograr una mayoría calificada y reformar la Constitución.
17 de mayo de 2023: En la mañanera, López Obrador acusa que el Poder Judicial “está podrido” y propone una consulta para que el pueblo decida si los ministros de la Corte deben ser elegidos por voto popular. Llama a “renovar” al Poder Judicial porque, según él, solo sirve a “los potentados y delincuentes”.
8 de mayo de 2024: La Suprema Corte invalida la primera parte de la reforma electoral Plan B (8 votos contra 3). Al día siguiente, AMLO redobla sus ataques contra la Corte, tildándola de “neoliberal, corrupta” y reiterando su propuesta de elegir jueces y ministros en las urnas.
2 de junio de 2024: Elecciones federales en México. Claudia Sheinbaum (Morena) gana la presidencia. La coalición Morena-PT-PVEM obtiene mayoría calificada en la Cámara de Diputados (364 de 500 curules, 73%) y mayoría absoluta en el Senado (83 de 128 escaños), quedando a tres senadores de la súper mayoría en la Cámara Alta.
23 de agosto de 2024: El INE asigna las diputaciones plurinominales confirmando la sobrerrepresentación del bloque oficialista (364 curules, un 18% por encima de su voto nacional). AMLO defiende la legalidad del reparto y acusa presión de la oposición para cambiar las reglas.
28 de agosto de 2024: Morena anuncia la adhesión de dos senadores del PRD a su bancada, elevando su fuerza en el Senado de 81 a 83 integrantes. Sólo le falta un voto para lograr los 86 necesarios para reformas constitucionales.
10 de septiembre de 2024: Sesión maratónica en el Senado para votar la reforma al Poder Judicial. Por la tarde, manifestantes irrumpen en el recinto y obligan a trasladar la sesión a una sede alterna. Miguel Ángel Yunes Márquez (PAN) se reincorpora sorpresivamente y anuncia su voto a favor de la reforma, asegurando que “en la decisión más difícil de mi vida he determinado dar mi voto a favor”. Al mismo tiempo, el senador Daniel Barreda (MC) no acude a la sesión; su partido denuncia que fue detenido ilegalmente en Campeche para impedirle votar. Cerca de la medianoche, se aprueba la reforma constitucional con 86 votos a favor y 41 en contra. Yunes Márquez resultó ser el voto decisivo, mientras que la ausencia de Barreda facilitó alcanzar la mayoría calificada.
9 de septiembre de 2024: (Revelado posteriormente) Un juez de Veracruz cancela la orden de aprehensión contra Miguel Ángel Yunes Márquez en una audiencia privada, a petición de la fiscalía estatal, liberándolo de cargos un día antes de la votación de la reforma.
11 de septiembre de 2024: Se remite la reforma al Poder Judicial a los congresos locales tras su aprobación en el Congreso de la Unión. En las semanas siguientes, al menos 17 legislaturas estatales (mayoría) la ratifican, cumpliendo el requisito constitucional para su promulgación.
5 de noviembre de 2024: La Suprema Corte desecha las impugnaciones contra la reforma judicial al no alcanzar la supermayoría de 8 votos necesaria para invalidarla. El ministro Alberto Pérez Dayán cambia su postura y vota junto con los ministros afines a la 4T, permitiendo que la reforma sobreviva. Trascendidos indican que sobre Pérez Dayán pesaban dos denuncias por acoso sexual impulsadas desde la Fiscalía capitalina y que se le habría ofrecido la embajada de México en España como incentivo.
1 de octubre de 2024: Claudia Sheinbaum asume la presidencia de México, sucediendo formalmente a López Obrador, y comprometiéndose a implementar la reforma judicial aprobada.
1 de enero de 2025: Entra en vigor la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial derivada de la reforma. Se inicia la reorganización del Consejo de la Judicatura y se calendarizan las primeras elecciones populares de jueces y magistrados para mediados de 2025, un hecho inédito en la historia de México.
25 de agosto de 2025: La ministra Norma Piña, presidenta saliente de la SCJN, rinde su informe final enfatizando que la administración de la Corte cierra sin señalamientos de corrupción ni observaciones pendientes por parte de auditorías externas ni de la ASF. Destaca que prácticamente no existen casos abiertos de corrupción en el Poder Judicial Federal, contraviniendo la narrativa que motivó la reforma.

Lo ocurrido en México entre 2023 y 2025 muestra cómo un discurso desde las más altas esferas del poder puede minar la credibilidad de instituciones clave al grado de propiciar cambios legales que debilitan los contrapesos democráticos. Si bien la lucha contra la corrupción es una causa legítima, en este caso fue empleada como pretexto narrativo para concentrar el poder. Las fechas y declaraciones aquí presentadas –respaldadas por fuentes periodísticas y documentos oficiales– trazan el camino de esa narrativa y sus consecuencias en el orden constitucional del país. La historia aún se desarrolla, pero sus lecciones sobre la importancia de la verificación de hechos y la defensa de la división de poderes quedan para la reflexión pública.